Ley Nº 8220/02 y su modificación Ley 8990/11: Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos

País
Costa Rica
Legislación
Ley Nº 8220/02 y su modificación Ley 8990/11
Nombre de la ley, decreto o resolución.
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos
Vigente
Objeto prioritario de la legislación

La presente Ley es aplicable a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas. Se exceptúan de su aplicación los trámites y procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por administrado a toda persona física o jurídica que, en el ejercicio de su derecho de petición, información y/o derecho o acceso a la justicia administrativa, se dirija a la Administración Pública.

Población destinataria

la Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas; Persona física o jurídica que, en el ejercicio de su derecho de petición, información y/o derecho o acceso a la justicia administrativa, se dirija a la Administración Pública.

Política relacionada

No hace mención expresa

Normativa con la que se vincula

Modificaciones de la Ley 8990 de 2011; Art. 190 de la Ley 6227 de 1978 "General de la Administración Pública".

Cultura digital
Garantizar el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad en internet.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Promover la diversidad de lenguas y culturas dentro de la red a través de textos, imágenes, sonidos y permitir el uso de su propia lengua.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Fomentar la investigación científica y tecnológica en los diferentes niveles educativos (escuelas, colegios, universidades e institutos de ciencia) y en sectores privados.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Fomentar y asegurar la libertad de acceso al conocimiento (libertad de restricciones).
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Fortalecer la libertad de reunión y asociación on line dentro de la red.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Promover y proteger el desarrollo de movilizaciones mediante el \"ciberactivismo\" en las redes sociales.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Garantizar la libertad de creencias y religión.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Garantizar la participación on line de la comunidad en los gobiernos electrónicos.

Art.4 - Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al administrado deberá:
a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento.
b) Estar publicado en el diario oficial La Gaceta junto con el procedimiento a seguir, los instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes y estar ubicado en un lugar visible dentro de la institución. Asimismo, en un diario de circulación nacional deberá publicarse un aviso referido a dicha publicación.
Sin perjuicio de lo anterior, dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados en medios electrónicos.

Asegurar a los grupos sociales libres de toda discriminación: por motivos de raza, religión, cultura, sexo, color, idioma, ideología, o cualquier otra condición.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Brindar protección sobre la privacidad de datos o habeas data.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Producción, distribución y consumo de los recursos
Regular sobre propiedad intelectual: Derechos de Autor, limitaciones y excepciones, “uso justo”.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Establecer políticas y configuración de privacidad dentro de la red.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Establecer excepciones tributarias, relacionadas con equipos informáticos (importados) que tengan fines de investigación, ciencia, tecnología. (exento de impuestos como IVA)
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Protección contra explotación y abuso infantil dentro de la red (imágenes, videos).
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Protección de los derechos de la infancia y adolescencia: derecho a ser escuchado sobre las cuestiones políticas que los afecten y tener en cuenta su grado de madurez.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Regulación de delitos informáticos: pornografía infantil, grooming, ciberbullying, intimidad y secreto de comunicaciones, privacidad de sus datos personales, etc.
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Brindar protección al usuario y consumidor en internet (respetar y cumplir).
La documentación consultada no muestra información al respecto.
Asegurar garantías y herramientas judiciales para el restablecimiento de los derechos vulnerados en la red.

Art.10- El administrado podrá exigir responsabilidad tanto a la Administración Pública como al funcionario público y a su superior jerárquico, por el incumplimiento de las disposiciones y los principios de esta ley.
Se considerarán como faltas graves los siguientes incumplimientos específicos de la presente ley:
a) No aceptar la presentación única de documentos o exigir más requisitos de los establecidos en la ley, los decretos ejecutivos o los reglamentos, conforme lo establecido en la ley.
b) No respetar las competencias.
c) No dar publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley.
d) No informar de forma clara y completa a las personas interesadas sobre el trámite.
e) No resolver ni calificar las peticiones, gestiones, solicitudes y demás documentos dentro del plazo establecido para cada uno de esos trámites en la Ley General de la Administración Pública o en ley especial.
f) Incumplir el procedimiento del silencio positivo.
g) Incumplir el procedimiento de coordinación institucional e
interinstitucional.
h) Irrespetar el trámite ante única instancia administrativa.
i) Rechazar los documentos expedidos válidamente por otros órganos, entes o instituciones del Estado en el ejercicio de su propia competencia.
j) No realizar la evaluación costo-beneficio de la regulación, cuando corresponda.
k) No acatar los criterios realizados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y los principios de mejora regulatoria. Se excluyen los casos en que el criterio del MEIC no sea vinculante.
En aplicación del inciso i) anterior, cuando un funcionario considere que algún documento expedido por otra institución pueda presentar vicios susceptibles de producir una nulidad, así lo comunicará a la institución que lo emitió, y contará con un plazo perentorio de ocho días hábiles para comprobar los vicios, transcurrido dicho plazo sin tener respuesta tendrá la obligación de aceptar la validez del documento, siempre y cuando este no sea anulado de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI, título VI, libro I de la Ley General de la Administración Pública, N.o 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas.
En la declaratoria de responsabilidad personal del funcionario público en sede administrativa se impondrán, en su orden, según la gravedad del hecho y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal correspondiente, las siguientes sanciones:
i) Suspensión sin goce de salario o remuneración de cualquier clase o forma de tres a ocho días, ante el primer incumplimiento.
ii) Suspensión sin goce de salario o remuneración de cualquier clase o forma de ocho días a un mes, ante el segundo incumplimiento
iii) Despido sin responsabilidad patronal, para los casos de tres o más incumplimientos.
Para efectos de responsabilidad personal del funcionario público, se aplicará el procedimiento administrativo ordinario dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.
Las instituciones del Estado en las que el régimen disciplinario está regulado por ley o normativa especial, se ajustarán a dicha regulación específica para el trámite del procedimiento y la aplicación de las sanciones correspondientes.

Principios en las Redes de información y las Comunicaciones
Garantizar la universalidad en el acceso a las TIC
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Desarrollo a tráves de internet
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Acceso a la información a partir de las TIC

Art.5- Párr. 4: (..) Para garantizar uniformidad en los trámites e informar debidamente al administrado, las entidades o los órganos públicos, además, expondrán en un lugar visible y divulgarán por medios electrónicos, cuando estén a su alcance, los trámites que efectúan y los requisitos que solicitan, apegados al artículo 4 de esta ley.

Igualdad y no-discriminación en el acceso a las TIC
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Libertad de expresión, opinión y participación en la red
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Garantizar el interés superior del niño dentro y fuera de la red.
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Protección y seguridad informática en la red
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Neutralidad en la red
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Privacidad y distribución
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